No es nada nuevo ni misterioso que, a nuestro México, la mayoría de sus gobernantes -una gran oligarquía-, lo ha estado empobreciendo; destruyendo; fragmentando; dividiendo y, por supuesto, saqueando, lastimando el corazón y las arterias de una nación.
El reto de grandes gobiernos neoliberales de seducir, tentar y cautivar a un número considerable de inversiones extranjeras, es exorbitante, a pesar de que esto traiga grandes consecuencias como sueldos demasiados bajos y, claro, enormes beneficios a las empresas que invierten para el «supuesto bienestar» del país y de sus ciudadanos.
El neoliberalismo promueve cada vez más la propiedad privada como una gran fuente de riqueza y de inversiones, lo que conlleva a que gran parte de la inversión del Estado sea suprimida. De cierta forma se refleja en la realidad, donde la educación, la salud y otros sectores no son atendidos de manera eficiente, principalmente para la clase baja y media, sin dejar de lado que esto puede generar una gran discriminación en los resultados.
No es posible que México, siendo un país demasiado rico en diversos aspectos, tenga un número considerable habitantes que viven en la pobreza, lo que conlleva a grandes consecuencias sociales, como la misma discriminación. Que en la práctica haya un gobierno rico con un pueblo pobre, algo totalmente inadmisible y socialmente rechazable. Luchemos por un país más justo, no seamos conformistas con lo que tenemos, en donde sus gobernantes vean por el bien común de su población y claro, de su nación.
La concentración meramente de los recursos económicos repartidos entre los diversos grupos privilegiados del país, puede aumentar de manera desproporcional la propia capacidad que tiene la élite para intervenir de manera directa en las políticas públicas y estrategias económicas del gobierno y de los partidos políticos existentes y por existir.
Esto llega a ser, de cierta manera, un factor en desventaja para la ciudadanía, debido a que puede existir cierto número de dificultades con los recursos, en general, que son necesarios para poder ejercer fácticamente el derecho de libre asociación política y, también, para movilizarse electoralmente hablando.
Ahora bien, la repartición desigual de la economía en México es un punto de referencia común sobre las asimetrías distributivas. Desde mi punto de vista, no son tan necesarias las gráficas y números para poder demostrar de manera fehaciente y clara que existe una enorme desigualdad en lo facto, tal vez, sí hacer gráficas en relación a temas que convergen en materia demostrativa, administrativa, pedagógica, académica y de investigación.
Nuestro país se encuentra dentro del 25% con mayores niveles de desigualdad del mundo y es uno de los más desiguales pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este tema de la desigualdad no es cosa ligera, no sólo engloba al tema político, sino a un conjunto de elementos como la salud, la seguridad, la educación; pero cada uno de estos se relaciona de manera directa o indirecta con la materia económica del país.
Se debe poner sobre la mesa y tomar acciones concretas, factibles y materiales, ya que las condiciones de desigualdad lo ameritan, puesto que el 1% de la población detenta el 43% de la riqueza nacional. Es decir, es casi imposible que esto sea verídico para alguien que tal vez no conozca nuestro país y se le haga una exageración o una utopía, sin embargo, los hechos y las acciones denotan lo contrario.
Es importante, tener en cuenta que con todo este tipo de factores que aglutinan la desigualdad en nuestro país, se corrompe, descompone y entorpece a la sociedad desde su interior. Con la prolongación del tiempo, aumenta una competencia por la riqueza (dinero) y los bienes (primordialmente); subsiste ese sistema de inferioridad o superioridad atendiendo al caso en concreto, esto justificado con base en el número de posesiones y de la posición actual de la persona que ocupe en ese momento.
Además, cada vez más se van fortaleciendo los prejuicios y los estereotipos hacías las personas que se encuentran en una situación menos favorable o en términos más coloquiales «más abajo» en el estrato social, lo cual, trae muchos problemas sociales, tales como: el aumento de la delincuencia organizada, robo, secuestros, entre otros delitos; así como también, las patologías, siendo el resultado de las desventajas sociales, las cuales, se hacen cada vez más claras y presentes.
Sin embargo, si ahora nos situamos en los lugares preponderantemente económicos de nuestro país, donde la policía y los guardias vigilan y patrullan las zonas más adineradas, la violencia, muy rara vez, es el tema principal de conversación. Mientras que los que no tienen ese «privilegio» de estar en esas zonas de confort, quedan desprotegidos de una u otra forma.
Las asociaciones delictuosas, pandillas y el crimen organizado (que no son lo mismo en el Derecho Penal), son mucho más latentes en los lugares en donde existe insuficiencia de recursos. No es lo mismo estar en la alcaldía de Iztapalapa, que, en Santa Fe (Cuajimalpa), en donde la diferencia económica y social es drásticamente distinta. En donde en muchas de estas zonas bajas, los habitantes tienen que vivir al día con un salario mínimo que no alcanza ni para la canasta básica, pensando qué van a comer al día siguiente, en el mejor de los casos, pero sí tienen familia esto se complica más.
Por otro lado, las personas que habitan en «zonas ricas» desperdician comida, humillan y sobajan a los que menos tienen (discriminación), y no sufren en su mayoría de algún tipo de delito, puesto que, se concentra más la seguridad en esas zonas.
A medida que el Estado se va replegando en materia de seguridad, la violencia y la desigualdad se van fortaleciendo más, lo cual, es visible con la creación y conformación de grupos paramilitares, como es el caso de Michoacán, ya que, son un fenómeno extrajudicial de la seguridad ciudadana desde mi punto de vista.
Bibliografía
- Báez, R. (1997). Manuel de Derecho Administrativo. México: Trillas
